April 19, 2014

WASHINGTON, D.C.- El gobierno anunció una propuesta con nuevas regulaciones que modificarán la denominada Ley del Castigo o Ley de los 10 años, que permitirán a algunos inmigrantes indocumentados iniciar parte de su proceso de cambio de estatus migratorio antes de salir del país. Hoy en día, un pariente directo de un ciudadano o residente legal, ya sea padres o cónyuge, puede obtener sus papeles, pero esa decisión implica gran inseguridad. Antes de postular al cambio de estatus, los individuos deben aplicar a una exención o “waiver”. Esta remueve el castigo al que todo indocumentado es sometido: la prohibición de volver al país por cierto lapso.

La Ley del Castigo señala que si la persona residió en Estados Unidos por más 180 días y menos de 365, entonces la prohibición de reingreso es de 3 años. Si se dilató por más de un año, ésta se extiende por una década.

Sistema bajo crítica - Esa es la razón por la que muchos, no toman el riesgo. El sistema ha sido ampliamente criticado, por su burocracia y falta de claridad en el proceso. Sin embargo, la Administración está abriendo una ventana de cambio.

“Esto aliviará la separación prolongada que deben enfrentar las personas que entran en este proceso”, dijo un funcionario del gobierno.

Con las nuevas regulaciones, el indocumentado podrá postular a la exención, desde Estados Unidos, y una vez que obtenga un certificado provisional de su caso, deberá viajar para recoger sus papeles.

Actualmente para que el sistema funcione, el indocumentado debe: salir del país; programar una entrevista con un oficial consular del Departamento de Estado; recibir una notificación formal de su prohibición de volver a Estados Unidos; aplicar al waiver; conseguir una entrevista con un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), esperar la respuesta y si el resultado es positivo, tener otra reunión con personal de Departamento de Estado. De acuerdo a funcionarios del gobierno, este proceso puede durar, por lo menos, seis meses.

“Cuando se adjudican las exenciones, puedes conseguir resultados muy diferentes. Porque los consulados no reportan a nadie, están bajo el Departamento de Estado. No tienes uniformidad. Ahora que este proceso estará bajo el control de USCIS, creo que implicará una mayor consistencia”, explicó Angela Kelley, vicepresidenta para política migratoria del Centro para el Progreso Americano.

Durante el 2012 - Aunque los cambios administrativos demoran un periodo considerable, funcionarios de gobierno enfatizaron, que esperan procesar casos bajo las nuevas regulaciones “este año fiscal”.

Según cifras de USCIS, en 2011 se recibieron 23 mil solicitudes para la exención. La tasa de aprobación se situó entre el 70 y 80%.

Según cifras del Instituto de Política Migratoria, en general, un 75% de las aplicaciones se tramitan en la oficina consular de Estados Unidos ubicada en Ciudad Juárez.

“No tenemos estimaciones respecto a cuánto van a aumentar las peticiones de waivers, pero una de las cosas que haremos, mientras nos preparamos para implementar las nuevas regulaciones, es adquirir la flexibilidad para enfrentar los volúmenes que recibiremos”, comentó un funcionario de la Administración.

Esperanzas de cambios - Uno de los elementos que no serán modificados es el requerimiento principal para obtener la exención: demostrar que la ausencia de la persona indocumentada expone a una situación de “dureza extrema” al ciudadano que lo está pidiendo.

USCIS tiene una lista de documentos que se deben presentar para probar esto, como por ejemplo, el impacto financiero, pero no existe una definición concreta de este concepto, ni una directriz clara de cómo aplicarlo.

“Están haciendo esto con pasos pequeños. Estoy decepcionada de que no hayan modificado este estándar, pero creo que igual veremos cambios en cómo es aplicado”, comentó Kelley.

Consultados por La Opinión, funcionarios del gobierno indicaron que si la exención es denegada, la persona no será puesta en proceso de deportación si su caso no corresponde con las prioridades de inmigración. Es decir, si no ha cometido delitos y tiene lazos fuertes con el país.

Esperan más cambios - Organizaciones pro inmigrantes esperan que todavía exista lugar para cambios en las regulaciones. “Este es un paso inmenso para mantener a las familias unidas. Pero necesitamos más. Presionaremos porque este beneficio también se extienda a residentes legales”, aseguró Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración.

Esta decisión del gobierno, se suma a modificaciones importantes en el campo migratorio realizadas el año pasado, que incluyen tanto las nuevas guías para la aplicación de discreción procesal, como la revisión de más de 300 mil casos pendientes de deportaciones.

Al otro lado de la balanza, sin embargo, están las cifras récord de deportados, con 397 mil sólo en 2011. La cifra marcó el tercer récord consecutivo durante el gobierno de Obama, que asumió el 20 de enero de 2009.

 

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