October 01, 2014

El director interino de la Patrulla Fronteriza, David Aguilar, defendió ayer, los cambios en la política formal de procesamiento de indocumentados, que cruzan de manera ilegal. Prácticas similares han sido calificadas como ineficientes. La estrategia, ya en curso, se llama "Consecuencias del sistema". En esencia, impone castigos serios, a los individuos que sean atrapados por oficiales estadounidenses.

Un cambio drástico respecto a la política de retorno a México, sin repercusiones. En el pasado, con excepción de cinco sectores en la frontera, cuando alguien era capturado en el cruce, se tomaban sus huellas digitales, para luego regresarlos a México.

Las consecuencias, ahora pueden incluir desde un enjuiciamiento criminal, hasta traslados a sectores lejanos en México.

"La capacidad que tenemos hoy en día es de aplicar programas que siempre han existido. La diferencia es que ahora podemos asegurar que cada detención, tenga una consecuencia. Una que siempre ha estado a nuestra disposición", explicó Aguilar a La Opinión.

"Antes esto se aplicaba, pero no del modo formal que estamos utilizando ahora. Los programas formales comenzaron con este enfoque hace más o menos seis meses, probablemente necesitaremos de otros seis, para estar en capacidad de presentar las primeras estadísticas, que nos permitan evaluar el proceso", comentó.

Básicamente, la estrategia de CBP a nivel práctico, podría interpretarse como un tipo de ampliación de Operación Streamline en toda la frontera. Esta política creada bajo la Administración de George W. Bush, implica una actitud de tolerancia cero para las personas que son capturadas cruzando ilegalmente.

Streamline está operativo en cinco de los nueve sectores de CBP, incluyendo Yuma, Tucson, Del Rio, Laredo y Rio Grande. Senadores como John McCain (R-AZ) y Jon Kyl (R-AZ) han insistido en diversas oportunidades en la necesidad de extender la táctica en toda la frontera.

Un funcionario en el interior de CBP explicó a La Opinión que se están utilizando diferentes herramientas para ejecutar "Consecuencias del sistema", entre ellas, Streamline, además de una colaboración con la Oficina Ejecutiva de Revisión de casos de inmigración (EOIR), entre otras.

"Queremos incrementar la eficiencia de las audiencias en las cortes de inmigración, poniendo a los extranjeros en procesos de deportación en tribunales cercanos a la frontera, eliminando retrasos en la remoción de personas, que cruzaron de manera reciente", aseguró.

Sin embargo, tácticas como Streamline, han sido fuertemente criticadas por organizaciones de derechos civiles. "Esta operación desvía recursos de prioridades en el control de seguridad y estresa a las cortes, particularmente en la frontera sur. Jueces federales, fiscales y abogados defensores reportan una explosión de procesos de inmigración, en vez de invertir el tiempo y dinero de los tribunales, en casos de crímenes serios", explicó una evaluación del operativo, realizada por ACLU y el Foro Nacional de Inmigración.

Durante el año fiscal 2011, la Patrulla Fronteriza contó con un presupuesto de $3.5 mil millones, unos $591 millones más que en 2010. Actualmente, México y Estados Unidos comparten una frontera de 3,200 kilómetros. La Patrulla Fronteriza ha duplicado su número de efectivos en terreno desde 2004, llegando a 21 mil.

Aunque la secretaria de DHS, Janet Napolitano, realizó ayer su discurso anual sobre el "Estado de la Seguridad Nacional", al hablar de la frontera, sus declaraciones se centraron en los avances y no en los cambios en CBP.

Napolitano insistió en que la inmigración ilegal ha bajado 53% en los últimos tres años en la frontera sur "y es menos de un 20% de lo que era durante su clímax", explicó. "El crimen violento en las comunidades fronterizas se ha mantenido igual o ha decrecido", dijo.

La secretaria de DHS destacó además, el uso de alta tecnología en la frontera, incluyendo lectores de placas de automóviles para detectar vehículos sospechosos, vigilancia aérea, además de cámaras y sensores.